Las restricciones en materia de derechos de autor impiden el libre intercambio de obras.
El derecho a la lectura se ha convertido en el motor de una lucha que ciegos y personas con discapacidad visual han hecho suya, y de la que saldrán vencedores si los gobiernos aprueban un tratado internacional que se negocia en Ginebra y facilitaría enormemente su acceso a los libros.
Se estima que a escala mundial 285 millones de personas sufren de ese tipo de discapacidad, de los que al menos 6 millones se encuentran en América Latina, según la Unión Latinoamericana de Ciegos (Ulac).
Del millón de libros que cada año se publican en el conjunto de países industrializados, menos de 5 por ciento es transferido a formatos adecuados para discapacitados visuales (sistema braille, textos con tipos aumentados de letra o libros en audio), pero la situación es mucho peor en los países en desarrollo, donde esa adaptación se realiza con apenas 1 por ciento de libros.
India, uno de los mayores países emergentes, ilustra esa situación, con apenas un mil 500 libros accesibles para ciegos con respecto a los 100 mil que se publican allí anualmente, según Inclusive Planet, una red social india para discapacitados.
Confrontados a esta realidad, los países lanzaron hace cerca de cinco años en la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) una negociación para establecer una excepción a los derechos de autor.
El objetivo es facilitar y abaratar la transferencia de libros a formatos accesibles para los discapacitados visuales, y permitir la libre importación y exportación de libros que ya están adaptados. Actualmente, las restricciones en materia de derechos de autor impiden el libre intercambio de libros para ciegos.
“Estamos ante una cuestión fundamental para América Latina pues somos 18 países con un mismo idioma, además de España, y un tratado nos permitiría compartir los recursos producidos, sobre todo en los países con menores recursos y multiplicar las oportunidades de acceso a la lectura”, dijo Pablo Lecuona, participante en las negociaciones de la OMPI.
Lecuona explicó que el tratado que tanto anhelan los discapacitados visuales facilitaría la producción de materiales de lectura para discapacitados “sin tener que gestionar licencias y autorizaciones”.
El potencial de un instrumento jurídico de ese tipo queda bien reflejado en el caso de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que con cerca de 100 mil títulos ya transcritos (en braille) o grabados en audio podrían ser fácilmente transferidos electrónicamente de un país a otro.
“Sin embargo, España no puede enviar estos libros a ningún país latinoamericano por trabas impuestas por los derechos de autor”, lamentó el activista.
Agregó que, en la práctica, esto implica que si en Honduras hace falta un libro adaptado que ya está disponible en España y que podría simplemente transferirse y usarse o imprimirse en braille en el primer país, tenga que volver a ser transcrito e incluso pedirse autorización a los titulares de los derechos de autor.
Ello en vista de que Honduras, como muchos otros países, no cuenta con una excepción a ese respecto en su legislación nacional.
Según lo previsto en la última reunión sobre esta temática en la OMPI, los países deben celebrar una nueva reunión en Ginebra en noviembre próximo para concluir la negociación del tratado.
Una vez aprobado en el ámbito de la OMPI se prevé la convocatoria de una conferencia diplomática que adoptaría formalmente el texto el próximo año, según el calendario previsto.
Organizaciones de defensa de los derechos de los discapacitados visuales, como Trans Atlantic Consumer Dialogue y la Unión Mundial de Ciegos, han acusado, sin embargo, a la Unión Europea y a Estados Unidos de intentar imponer condiciones que dificultarían la aplicación de ese tratado.
Para esas entidades, los países en desarrollo y las organizaciones de ciegos reclaman un tratado de obligatorio cumplimiento por parte del país firmante y no de una recomendación, como lo pretende Estados Unidos, por ejemplo.
Consultada a ese respecto, la Misión de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra señaló que “la naturaleza del documento todavía está en discusión” y que “lo importante es que el contenido sea correcto”.
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